Cuestiones sobre el trámite de información pública del PGULl

 

 

¿Qué es el urbanismo?

 

Para el ciudadano: Desde el punto de vista del Derecho, el urbanismo es el conjunto de normas que regula la ocupación y uso del suelo. La ordenación del territorio.

 

Para el propietario: es el conjunto de normas que regulan el contenido del derecho de propiedad sobre inmuebles.

 

Desde los tiempos en que la propiedad se concebía como un derecho absoluto, y la propiedad privada como la institución de la que se extrae el mayor rendimiento de los bienes, se ha pasado, ya en nuestra Constitución, a reconocer el derecho de propiedad privada, pero añadiendo que la función social de la propiedad delimitará su contenido de acuerdo con las Leyes.

 

La Ley no es  ya la que establece concretas limitaciones a un derecho que se concebía absoluto, sino la que define el contenido de lo que es la propiedad misma y, concretamente el Urbanismo, lo que es la propiedad inmueble, cuya tenencia no es solo fuente de derecho, sino también de obligación. Así, la adquisición de concretos derechos, como por ejemplo edificar y apropiarse de la edificación, está supeditada al previo cumplimiento de la correlativa obligación, fundamentalmente la urbanización y la cesión de terrenos o aprovechamientos prevista en la Ley y en el Plan.

 

¿Qué es el Plan? 

 

El Plan es una norma, la más básica e importante del Urbanismo en cuanto a la definición del derecho de propiedad sobre concretos inmuebles. 

 

Siendo la norma más importante, La Ley quiere que surja de la administración territorial más pequeña, el municipio, y que refleje de la manera más fiel posible  las expectativas y voluntad de los ciudadanos en cuanto a la ordenación del territorio 

 

¿Qué es la fase de información pública? 

 

Es la más importante en la elaboración del Plan.

  

Por un lado, permite a los vecinos el conocimiento del trabajo elaborado por la Administración actuante y la justificación que ésta aporta para proponer esa solución y no otra.

 

Por otro lado, los vecinos tienen derecho a formular alegaciones, propuestas, reclamaciones, quejas, participando en la elaboración del Plan. 

  

Esta participación ha de ser real y efectiva, no una simple formalidad y como ha manifestado nuestro más alto Tribunal: La participación ciudadana, como manifestación de una democracia participativa, coadyuvan a que la decisión del planeador encuentre elementos de juicio y de análisis más y mejor contrastados, permitiendo una visión heterogénea de todos aquellos particulares o grupos de particulares, que representando intereses propios o colectivos, puedan facilitar un proceso de toma de decisiones, no solo más transparente, sino también más lógico y acertado.

 

¿Qué plazo hay?

 

 Dos meses desde la publicación de la aprobación inicial, contados de fecha a fecha. La publicación en el BOPA.

 

 

¿Qué efectos tiene la alegación?

 

El vecino que alega se convierte en parte del procedimiento de aprobación del Plan,  aporta datos y opinión para colaborar con que el Ayuntamiento en su elaboración y tiene derecho a obtener del Ayuntamiento una respuesta razonada.

 

Eso no obstante, ha de tenerse en cuenta que la competencia para apreciar la conveniencia u oportunidad de adoptar una solución, y no otra, es discrecional del Ayuntamiento, es decir, el vecino no tiene acción para hacer prevalecer su opinión,  y si acude a los tribunales, tampoco puede el Juez sustituir el criterio del Ayuntamiento por otro.

 

El Juez puede anular un plan por defectos en su tramitación, o alguna parte del mismo por no respetar disposiciones legales imperativas, como los de la normativa sectorial, aguas, carreteras, costas; o la propias urbanísticas, como la destinada a la calificación y uso del suelo urbano, pero no puede declarar un uso que el Ayuntamiento no contempla, o atribuir  un aprovechamiento distinto del previsto en el Plan para la parcela.

 

 

¿Qué control tiene el ciudadano sobre la discrecionalidad de la administración?

 

Discrecionalidad no es irracionalidad o capricho, y puede y debe ser controlada vigilando el respeto a ciertos límites. Estos son, según la jurisprudencia:

 

 

1º.- El control sobre la motivación: La discrecionalidad no es arbitrariedad, y el antídoto contra la arbitrariedad es la motivación. La expresión de la justificación de por qué se adopta esa solución y no otra de entre las posibles.

 

En el ámbito urbanístico, se contiene en el documento llamado “ MEMORIA”.

 

2º.- El control de la realidad de los hechos de los que se parte. No puede llegarse a una decisión lógica y racional si el punto de partida, la base fáctica, no es real.

 

3º.-  Por último, el respeto a  los Principios Generales del Derecho, entre lo que se mencionan la racionalidad, proporcionalidad y, en el ámbito urbanístico, sobre todos, la  igualdad en el reparto de los beneficios y las cargas derivadas del urbanismo

 

El control de estos límites corresponde al ciudadano, con el auxilio del poder judicial, artículos 105 y 106 de la Constitución.

 

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